La nueva Ley de Infancia contra la violencia

La recién aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia ha sido publicada y os cuento algunos aspectos más destacados.

El objetivo de esta Ley es el garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

Esta Ley aplica a todas las personas menores de edad que se encuentren en territorio español, con independencia de su nacionalidad y de su situación administrativa de residencia y a los menores de nacionalidad española en el exterior en los términos establecidos en el artículo 51.

Algunos aspectos destacados que trae la Ley 8/2021 de 4 de junio, son:

  • Se promueve la sensibilización en el rechazo y eliminación de todo tipo de violencia en la infancia hacia toda la ciudadanía en general, ejecutándose desde diferentes ámbitos (educativo, sanitario, social, etc). Además, esta conciencia social se centra en positivo, es decir, en la importancia de que los niños y las niñas reciban un buen trato.
  • La formación a la ciudadanía (en especial atención a los y las profesionales que trabajan con la infancia) está muy presente en toda la Ley. Respecto a las familias, el objetivo es fomentar una parentalidad positiva, es decir,elprevenir desde la primera infancia factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, así como apoyar la labor educativa y protectora de los progenitores, o de quienes ejerzan funciones de tutela, guarda o acogimiento.
  • Según el art.35 de la Ley, se deberá crear la figura del Coordinador o de la Coordinadora de bienestar y protección que estará en los centros educativos y que promoverá planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección, coordinación con Servicios Sociales, ser referente para los/as alumnos/as para que le cuenten algún tipo de violencia que puedan estar sufriendo, etc).
  • Habrá más tiempo para denunciar abusos a menores ya que empezará a contar la preinscripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años (y no 18 como ahora).
  • A los y las menores cuyas madres han sufrido violencia de género, se les considera también víctimas de violencia y, por ello, recibirán un proceso de recuperación junto a su madre donde se lesgarantizará el apoyo necesario para reciban protección, atención especializada y recuperación. Los y las menores permanecerán con su madre salvo si ello es contrario a su interés superior. Además, se suspenderá el régimen de visitas con el padre cuando se dicte una orden de protección por violencia de género o haya indicios de que los y las menores hayan sufrido o presenciado ese maltrato.
  • Se deberá crear una Comisión frente a la violencia en los niños, niñas y adolescentes
  • Los equipos de intervención de los servicios sociales que trabajen en el ámbito de la violencia sobre las personas menores de edad, deberán estar constituidos, preferentemente, por profesionales de la educación social, de la psicología y del trabajo social, y cuando sea necesario de la abogacía. Los Servicios Sociales continuará con la función principal de prevenir, educar y ejecutar cualquier medida necesaria para proteger al o la menor.
  • Se trabajará con la infancia desde diferentes perspectivas, cuyo objetivo es que sean conocedores/as de las violencias que puedan sufrir para que sepan detectarlas. Además, se les formará en eluso seguro y responsable de Internet y las tecnologías de la información y la comunicación, así como sobre los riesgos derivados de un uso inadecuado que puedan generar fenómenos de violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes como el ciberbullying, el grooming, la ciberviolencia de género o el sexting, así como el acceso y consumo de pornografía entre la población menor de edad. Se determina que los y las menores deberán recibir una educación que incluya su participación, es decir, donde puedan opinar, decidir y sus necesidades sean tenidas en cuenta. Incluso, se habla de la creación a nivel nacional del Consejo Estatal de Participación Infantil.
  • Será requisito para el acceso y ejercicio de cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales. La existencia de antecedentes imposibilitará la contratación.
  • Las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, priorizarán las soluciones habitacionales ante los desahucios de familias en el que alguno de sus miembros sea una persona menor de edad, como se hacía hasta ahora.
  • Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia. Se velará por la detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a estas personas menores que se encuentran en centros de menores. El Ministerio Fiscal visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de los centros de protección de personas menores de edad para supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación. Se limitan las medidas de contención física como las sujeciones a la cama (¿¿esto pasaba??)
  • Se elimina el planteamiento sin base científica “síndrome de alienación parental” que presuponía que la madre manipulaba al menor contra el padre.
  • Existirán unidades especializadas en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para atender la violencia de la infancia.
  • Existe el Deber de comunicación de situaciones de violencia que presencie cualquier persona adulta sobre un o una menor (también si un/a menor percibe una situación de violencia sobre otro/a menor).
  • En centros deportivos existirá la figura de Delegado/a de protección para velar que las personas menores se encuentran en entornos seguros mientras realizan deporte.  También se adoptarán las medidas necesarias para que la práctica del deporte, de la actividad física, de la cultura y del ocio no sea un escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual o expresión de género, o cualquier otra circunstancia personal o social, trabajando con los propios niños, niñas y adolescentes, así como con sus familias y profesionales, en el rechazo al uso de insultos y expresiones degradantes y discriminatorias.
  • Se crearán protocolos de actuación frente a la violencia en el ámbito deportivo y de ocio, educativo y en cualquier ámbito donde se encuentren menores de edad.
  • Los centros educativos deberán contar con un plan de convivencia para la promoción del buen trato y resolución pacífica de conflictos.
  • Las administraciones educativas regularán los protocolos de actuación contra el abuso y el maltrato, el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia.
  • A las diferentes administraciones y organismos que traten con niños/as vulnerables, deberán garantizarles una atención especial.
  • Se deberán crear entornos seguros, de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los ámbitos.
  • Las autoridades competentes garantizarán a los niños y niñas en necesidad de protección internacional el acceso al territorio y a un procedimiento de asilo con independencia de su nacionalidad y de su forma de entrada en España, en los términos establecidos en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de protección subsidiaria.

Por orden de los Ministros de Justicia, Interior y de Derechos Sociales y Agenda 2030, a propuesta de la Dirección General de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, se creará una Comisión de seguimiento en el plazo máximo de un año a partir de la aprobación de esta ley, con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y la evaluación de su impacto.

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Fuente: publicación en el BOE

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